La Operación Oikos, desarrollada en mayo de 2019, fue un auténtico terremoto en el mundo del fútbol profesional español. Por primera vez, la sombra del amaño de partidos por apuestas salpicaba a la Primera División. Hoy, casi tres años después, la causa sigue abierta en un juzgado de Huesca intentando sortear las dificultades que entrañan las ramificaciones en el extranjero, los mensajes de telefonía encriptados y el imperceptible rastro que deja el trasiego de dinero que se mueve en la clandestinidad. De los aciertos y errores tanto de aquella operación policial —la más mediática—, como de otras, como la denominada Bitures, que destapó el amaño de partidos de tenis, surgen las enseñanzas que recibirán el 4 y 5 de mayo 30 agentes de la Policía Nacional a los que el Ministerio del Interior quiere formar ante las nuevas formas de corrupción en el deporte. “Con estas jornadas se pretende que los diferentes sectores implicados en la lucha contra los amaños en el deporte compartan experiencias e iniciativas”, explican fuentes de la Dirección General de la Policía.

Durante el curso, en el que participarán juristas, expertos en el mundo de las apuestas y responsables de la LaLiga, habrá un apartado dedicado al uso creciente de las criptomonedas por estas tramas. Iñaki Arbea, policía en excedencia que participó, en 2015, en la investigación del caso Osasuna que llevó por primera vez a los tribunales las primas ilegales en fútbol español y que en la actualidad es el responsable de Integridad de LaLiga, centrará en ellas parte de su intervención. “Las criptomonedas se han convertido en un instrumento sencillo para el blanqueo de las ganancias de las apuestas ilegales porque dificultan seguir el rastro del dinero”, señala Arbea, que alertará también sobre la proliferación en internet de plataformas no reguladas de juego.

El representante de LaLiga recuerda que la cercanía del final de las competiciones oficiales (cuando muchos equipos ya no se juegan nada y existe el riesgo de que futbolistas se presten a estos fraudes) y la próxima celebración de un Mundial de fútbol incrementan el riesgo de amaños. En estos casos, Arbea insiste en la necesidad de intensificar la colaboración internacional, plasmada en operaciones como Soga, de Interpol, cuya octava fase, desarrollada el pasado septiembre en 28 países, se saldó con 1.400 detenidos, 800 de ellos en Hong Kong. “Es un problema global”, insiste.

Según la convocatoria del curso, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, podrán aspirar a una de las 30 plazas agentes de todas las escalas y categorías de la Policía Nacional que cumplan un requisito: que en la actualidad realicen, precisamente, funciones de investigación relacionadas con la corrupción deportiva. En la actualidad, el epicentro de las pesquisas policiales contra el fraude en el deporte es el Centro Nacional Policial para la Integridad en el Deporte y las Apuestas (Cenpida).

Al curso ha sido invitado, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el juez Fermín Otamendi, responsable de la instrucción del caso Osasuna, aunque su asistencia aún no ha sido confirmada. A partir de la investigación de este magistrado, un tribunal de la Audiencia Provincial de Pamplona condenó a nueve personas, entre ellos dos futbolistas. El fallo concluyó que las llamadas primas a terceros, con las que algunos equipos incentivan a otros a ganar en sus enfrentamientos con otros clubes, son ilegales por influir en la competición. Del ámbito jurídico, también intervendrá un miembro del equipo jurídico de LaLiga, que se persona como acusación en todos los sumarios que se abren por corrupción que afectan al fútbol, tanto profesional como aficionado.

“Explicará a los agentes las vicisitudes a las que se enfrentan las investigaciones judiciales”, señalan desde La Liga.

También participará un representante de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Consumo. La DGOJ se encarga de “velar por la integridad, seguridad, fiabilidad y transparencia de las operaciones de juego” y para ello cuenta, desde 2017, con el llamado Servicio de Investigación Global del Mercado de las Apuestas (Sigma), encargado de colaborar con las Fuerzas de Seguridad y otras entidades en la prevención y detección de amaños de partidos. El año pasado, Sigma realizó 440 actuaciones, de las cuales 146 estuvieron relacionadas con la integridad de las competiciones deportivas. De ellas, 88 tuvieron que ver con el fútbol; 23, con el tenis de mesa y 13, con el tenis, los tres deportes que acumulan el 89% de los expedientes.

La empresa privada también estará presente. Los operadores de juego por internet estarán representados por la patronal JDigital y su director general, Jorge Hinojosa. “Ni al deporte ni a los operadores nos interesan las prácticas no autorizadas”, señala Hinojosa, que también pone el foco en las criptomonedas: “Todavía hay que conocer más estos productos y trabajar en su regulación”. Además, se espera que participe un miembro de Stast Perform, empresa dedicada al análisis de grandes cantidades de datos del deporte que trabaja para ligas profesionales, medios de comunicación y casas de apuestas.

El responsable de Integridad de la Liga de Fútbol Profesional, Iñaki Arbea, uno de los participantes en el curso, destaca que las tramas que se dedican al amaño de partidos y el fraude en las apuestas deportivas suelen ser grupos delictivos que, en muchas ocasiones, participan en otras actividades ilegales, principalmente el blanqueo de capitales. “Y, como siempre ocurre en el crimen organizado, utilizan la última tecnología en sus actividades”, señala. El material intervenido en la Operación Oikos, en 2019, refuerzan esa idea.

Entonces, la Policía se incautó dos teléfonos encriptados a los dos presuntos cabecillas de la trama desmantelada entonces, los exfutbolistas Raúl Bravo y Carlos Aranda. Los responsables de las pesquisas siempre consideraron que ambos terminales podían contener buena parte de las claves para conocer el supuesto alcance real de sus actividades y, por ello, intentaron por todos los medios acceder a su contenido. De hecho, en algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas, otros presuntos integrantes de la trama hablaban de utilizar este tipo de dispositivos para mantener las conversaciones más comprometedoras. “Cuando vayas a hablar de algo, fuera móviles, fuera…”, decía uno a su interlocutor.

Por ello, los investigadores pidieron a expertos de la Policía, del Centro Criptológico Nacional (dependiente del servicio secreto CNI) y de varios laboratorios europeos que intentaran burlar el encriptado, pero sin éxito. Entonces solicitaron al juez del caso enviarlos al laboratorio digital forense que Interpol tiene en Singapur. En su escrito, los agentes reconocían “la imposibilidad técnica, debido al sofisticado nivel de encriptación, de hacer el volcado [acceso al contenido]” en España. “Tenían más medidas de seguridad que algunos grandes narcos”, resumía entonces a este diario un alto mando policial.

El magistrado autorizó el envío, pero los teléfonos móviles finalmente no viajaron a Singapur. Los expertos de Interpol tampoco veían forma de desbloquearlos. Así que el acertijo sigue esperando ser desvelado en dependencias policiales.

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