España está viviendo la peor sequía desde 1970.

La sequía está afectando considerablemente a muchos puntos de España. Actualmente, el 27% de las regiones de España está en situación de emergencia o alerta debido a la escasez de agua. En concreto, el 14% se encuentra en el primer escenario y 12,9 en el segundo. Además, un 20,2% de los territorios está en prealerta. La falta de precipitaciones unido a las altas temperaturas ha provocado que muchas comunidades comiencen a barajar distintas posibilidades para reducir el consumo de agua.

Algunas regiones como Cataluña ya han comenzado a imponer restricciones como la reducción de un 40% del agua para uso agrícola y un 15% para el uso industrial. Así como la prohibición de riego de zonas verdes públicas y privada o la limpieza de calles con agua potable. Además se limita la disponibilidad de agua para cada persona a 230 litros al día. Sin embargo, esta no es la primera vez que España se ve obligada a imponer restricciones respecto al uso del agua.

En 1989, País Vasco enfrentaba una grave escasez de agua que llevó a su gobierno a tomar medidas. Comenzaron con cortes de seis horas durante la noche, que fueron aumentando de forma progresiva. Primero pasaron a diez horas al día y luego a 12, unas limitaciones que no se aplicaban inicialmente a los fines de semana, pero que acabaron por ampliarse a todos los días de la semana. A estos cortes se añadieron las restricciones del uso de agua para el riego y limpieza de las calles.

Años más tarde, en el 2000, Sevilla también se vio afectada por una grave sequía que obligó a tomar medidas. Así, comenzaron prohibiendo el uso de agua potable para regar parques jardines, para la limpieza de las calles, para llevar piscinas, estanques y fuentes. Sin embargo, al observar que la situación no mejoraba, las medidas se endurecieron y llegaron las multas para todos lo que no lograran ahorrar un 7,5% de agua.

Multas de hasta 3.000 euros
Estas sanciones económicas también se anunciaron durante el año 2008, cuando Barcelona comunicó que comenzaría a multar a los ciudadanos que malgastaran agua potable. En concreto, las multas podía ir desde los 30 euros, por ejemplo, por lavar el coche con agua potable, a 50 euros por regar jardines de menos de 250 metros, hasta los 750 cuando se tratara un sanción leve, 1.500 por una grave y hasta 3.000 euros cuando tratara de una sanción muy grave.

Durante la sequía del año 2017, el precio de la factura del agua aumentó en muchas de las viviendas españolas como las situadas en Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca, Pamplona, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife y Vitoria. Además, esta falta de agua también impactó en el recibo de la luz que experimentó un incremento en su coste. A ello se sumaron también las limitaciones de uso de agua que llegaron a los cementerios, donde quedó racionada y se llevaron a cabo cortes de suministro.

Los seres humanos no fueron los únicos que sufrieron las consecuencias de la escasez de agua, ya que los ganaderos se vieron obligados a dejar a los animales sin alimentos, provocando muchos casos de desnutrición. Esta situación llevó también a un incremento del precio de muchos alimentos como la leche.

Aunque no es necesario remontarse tantos años, ya que el año pasado muchas comunidades también impusieron limitaciones. Galicia prohibió el uso de agua potable para llenar las piscinas, aunque algunas localidades optaron directamente por cerrarlas. Las duchas de las playas también tenían limitado su consumo, algo que también determinaron en Málaga y Sevilla. En Huelva optaron por restricciones nocturnas. Además, en gran parte del territorio español se prohibió utilizar agua potable para el riego de zonas verdes y jardines, llenado de piscinas y limpieza de calles.

España está entre los diez países de la UE con más fumadores diarios, con un 19,7%, cuando la media se sitúa en el 18,4%.

La reina Letizia calificó este miércoles el hábito de fumar como “una enfermedad” y propuso aumentar el precio del tabaco como estrategia para reducir su consumo. “Fumar no es un hábito, es una enfermedad, y debemos ayudar a quienes la padecen. El tabaquismo es el primer problema de salud pública”, dijo durante la apertura de la novena Conferencia Europea Tabaco o Salud celebrada en Madrid.

La monarca indicó que se trata de prevención primaria, es decir, de “reducir la incidencia del tabaquismo mediante cambios de los factores de riesgo asociados al desarrollo de esta enfermedad”, e insistió en que el incremento del precio del tabaco reduce el consumo y los costes en enfermedad asociados a su consumo son tres veces mayores que la recaudación tributaria generada por la industria, según informa Efe.

En ese mismo sentido también se ha pronunciado en otras ocasiones la Organización Mundial de la Salud, que ha instado a los países a que incrementen los impuestos del tabaco y suban los precios para así desalentar su consumo al considerar el tabaquismo como una de las mayores amenazas para la salud pública. La OMS estima que un 10% de aumento en el precio del tabaco reduce el consumo en cerca de un 4% en países de ingresos altos y un 5% en los de ingresos medianos y bajos.

Media elevada
De lo que hay duda es que España se sitúa entre los diez países de la Unión Europa con más fumadores diarios. Según los últimos datos disponibles de Eurostat, correspondientes a 2019, se sitúa en el noveno puesto, con un 19,7% de la población que fuma todos los días, cuando la media del bloque está en el 18,4%.

El primer puesto de este ranking lo ocupa Bulgaria (28,7%), seguido de Grecia (23,6%), Letonia (22,1%), Alemania (21,9%), Croacia (21,8%) y Chipre (21,2%), mientras que los países con menos fumadores diarios son Suecia (6,4%), Finlandia (9,9%) y Luxemburgo (10,5%).

Uno de los factores que podría explicar por qué somos uno de los países del bloque donde más se fuma es precisamente el precio, ya que en España comprar una cajetilla cuesta de media 4,53 euros, cuando el precio medio de la UE se sitúa en los 5,27 euros, según datos publicados por el portal Statista.

Comprar tabaco es mucho menos asequible en países como Irlanda, donde una cajetilla cuesta algo más de 13 euros, si bien en Reino Unido o Francia también superan los 10 euros por paquete. Finlandia, con una media de 8,6 euros por cada cajetilla, y Países Bajos, con 7,16 euros, también se sitúan en los primeros puestos de esta lista.

Nuevos precios
De momento quien quiera fumar en España deberá rascarse más el bolsillo este año, ya que los nuevos precios que ha publicado el Boletín Oficial del Estado son algo más elevados que el pasado año. Así, el paquete de Camel cuesta en el estanco 5,2 euros, el de Chesterfield 5, Ducados azul 4,85, Fortuna 5,15 y Gold Coast 4,65. Marcas como Lucky Strike valen 5 euros, Marlboro 5,35, Nobel 5,05 y Winston 4,5.

Cabe destacar que en esa misma conferencia celebrada en Madrid el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón Reyes, recordó que cada 11 minutos mueren una persona en España debido a alguna enfermedad asociada con el tabaquismo, que provoca más de 50.000 fallecimientos al año.

La OMS por su parte estima que el tabaquismo causa más de 8 millones de muertes al año, de las cuales aproximadamente 1,2 millones se deben a la exposición al humo ajeno.

Todas las confesiones religiosas reconocidas legalmente estarán desde ahora exentas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) sobre aquellos destinados al culto y tampoco pagarán el Impuesto de sociedades.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con los representantes de los cristianos ortodoxos, budistas, mormones y testigos de Jehová para que sus entidades religiosas comiencen a gozar de los mismos beneficios fiscales que en España ya poseen los credos católico, judío, evangélico e islámico. En concreto, según publica El País, con esta medida todos estos ritos dejarán de pagar el Impuesto de Sociedades y sus lugares de culto ya no estarán sujetos al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), es decir, las mismas exenciones fiscales de las que disfrutan entidades sin ánimo de lucro, como ONG y fundaciones.

El acuerdo, una demanda histórica de las confesiones hasta ahora excluídas, será ratificado este mediodía en una reunión en la sede del Ministerio de Presidencia que estará encabezada por su titular, Félix Bolaños, y representantes de la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), la Unión Budista y Testigos de Jehová.

El Gobierno planea introducir esta nueva concesión fiscal mediante una enmienda, introducida por el PSOE, a la reforma de la ley de mecenazgo que, previsiblemente, sea aprobada este miércoles gracias al apoyo de sus socios parlamentarios. Con esta reforma el partido mayoritario del gobierno de coalición pretende eximir del IBI a todos los locales que estén destinados a la celebración del rito, a la asistencia religiosa y a la residencia y formación de ministros de culto.

Asimismo, con esta nueva regulación, las nuevas entidades religiosas beneficiadas podrán disfrutar de desgravaciones fiscales en el IRPF para quienes hagan donativos, lo que implica que sus fieles podrán deducir estas donaciones en sus declaraciones de la Renta.

Número de fieles
Algunas de las nuevas creencias religiosas a las que se les reconoce estos beneficios fiscales cuentan con un gran arraigo en España que, en algunos casos, procede de hace bastante décadas. Es el caso por ejemplo de los mormones: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días inició su actividad en España en la década de los sesenta de la mano de los primeros militares estadounidenses que se instalaron en el país, en las bases de Zaragoza, Sevilla, Madrid y Cádiz. Actualmente, según datos ofrecidos por la propia entidad, 61.455 personas, que se dividen en 167 congregaciones, se identifican como mormón.

Por su parte, desde Testigos de Jehová afirman que cuentan con 120.614 evangelizadores en España -como denominan a sus fieles-, divididos en 1.416 congregaciones, y que en la proporción respecto a la población del país es de 1 cada 389 habitantes. Además, según el Informe de sobre la situación de la libertad religiosa del Ministerio de Justicia, con datos de 2017 (último disponible), esta religión posee 709 lugares de culto.

De igual manera, siempre con datos de Justicia, alrededor de 85.000 personas se reconocen como budistas. De acuerdo a la Federación de Comunidades Budistas de España (FCBE), la mayoría son españoles de origen al igual que los maestros que imparten sus principios, algo que cuando el credo se instaló en el país era completamente lo opuesto. En los monasterios en los que se lleva a cabo su formación, que ahora estarán exentos de pagar el IBI, las plazas disponibles se reparten al 50% entre hombres y mujeres, según asegura la FCBE.

Finalmente, los fieles ortodoxos son los más difíciles de contabilizar, debido a la diversidad de Iglesias y el carácter multiétnico de su jurisdicción eclesiástica. Sin embargo, en los últimos datos aportados por la Asamblea Episcopal Orotodoxa de España y Portugal, en 2014, se contabilizan 1.500.000 creyentes entre ambos países. Las principales iglesias ortodoxas en el territorio son la griega, presente en casi todo el país salvo Asturias, Cantabria, Extremadura y Murcia; la rusa, presente en Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Velencia; y la rumana, que acusa que habitualmente acuden a sus parroquias unas 77.000 personas, cifra que se amplía hasta los 230.000 feligreses en la Pascua.