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Opinión

Bruselas expedienta a España por permitir concesiones en la costa de 75 años sin justificación

 La Comisión Europea ha decidido abrir expediente contra España por no garantizar un procedimiento de selección transparente e imparcial para la adjudicación de concesiones relativas a las zonas costeras. Según Bruselas, la posibilidad de prorrogar las concesiones existentes por un periodo de hasta 75 años sin justificación, tal y como prevé la ley de costas española, es contraria a las normas de la UE. 

La legislación española prevé, según explica la Comisión Europea, la posibilidad de adjudicar “concesiones” o “autorizaciones" en el sentido de la Directiva de servicios” para construir locales permanentes como pueden ser restaurantes, agrogranjas, empresas papeleras o químicas en el denominado “dominio público marítimo-terrestre”, fuera de los puertos, sin llevar a cabo un procedimiento de selección abierto y transparente. Además, permite ampliar la duración de tales concesiones por un periodo de hasta 75 años, una vez más sin poner en marcha un procedimiento de selección. 

Esto, según el análisis preliminar de la Comisión que ha dado lugar al expediente, infringe la directiva de servicios que tiene por objeto eliminar los obstáculos al comercio de servicios dentro de la UE. La norma simplifica los procedimientos administrativos para los prestadores de servicios, refuerza los derechos de los consumidores y de las empresas que reciban servicios, y fomenta la cooperación entre los países de la UE. También obliga a los gobiernos a eliminar todas las prohibiciones totales de comunicaciones comerciales, en particular todas las prohibiciones totales de una forma de comunicación comercial, en el caso de las profesiones reguladas.

Sin embargo, los obstáculos persisten y es un problema "acuciante” porque el 60% de los obstáculos a los que se enfrentan las empresas ya estaban hace 20 años. Entre los problemas identificados, Bruselas menciona la existencia de procedimientos nacionales complejos y la falta de información al respecto, requisitos nacionales desproporcionados en el ámbito de los servicios y requisitos administrativos gravosos para la prestación de servicios, también en lo que se refiere al desplazamiento de trabajadores. 

El envío de la carta de emplazamiento supone el primer paso en el procedimiento de infracción. Como regla general, las autoridades disponen ahora de dos meses para responder a Bruselas y corregir la situación. De no ser así, la Comisión Europea podría lanzar un ultimátum que, de no resolverse positivamente, podría terminar en denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE. Y es lo que podría ocurrir con un segundo procedimiento de infracción abierto por Bruselas contra España por no haber finalizado la revisión de los planes hidrológicos de cuenca exigidos por la Directiva marco del agua y/o los planes de gestión del riesgo de inundación exigidos por la Directiva sobre inundaciones. 

Ambas directivas exigen a los Estados miembros que actualicen e informen cada seis años de sus planes de gestión de las cuencas hidrográficas y del riesgo de inundaciones, respectivamente. Según Bruselas, España y otros diez países no han revisado, adoptado y notificado a tiempo todos sus terceros planes hidrológicos de cuenca y segundos planes de gestión del riesgo de inundación. Los planes hidrológicos de cuenca incluyen un programa de medidas clave para garantizar el buen estado de todas las masas de agua mientras que los planes de gestión del riesgo de inundación se elaboran a partir de mapas que muestran las posibles consecuencias adversas asociadas a los escenarios de inundación
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Opinión

Multas por malgastar agua, cortes en el suministro y facturas más caras: ¿qué restricciones aplicó España en sus sequías más graves?

España está viviendo la peor sequía desde 1970.

La sequía está afectando considerablemente a muchos puntos de España. Actualmente, el 27% de las regiones de España está en situación de emergencia o alerta debido a la escasez de agua. En concreto, el 14% se encuentra en el primer escenario y 12,9 en el segundo. Además, un 20,2% de los territorios está en prealerta. La falta de precipitaciones unido a las altas temperaturas ha provocado que muchas comunidades comiencen a barajar distintas posibilidades para reducir el consumo de agua.

Algunas regiones como Cataluña ya han comenzado a imponer restricciones como la reducción de un 40% del agua para uso agrícola y un 15% para el uso industrial. Así como la prohibición de riego de zonas verdes públicas y privada o la limpieza de calles con agua potable. Además se limita la disponibilidad de agua para cada persona a 230 litros al día. Sin embargo, esta no es la primera vez que España se ve obligada a imponer restricciones respecto al uso del agua.

En 1989, País Vasco enfrentaba una grave escasez de agua que llevó a su gobierno a tomar medidas. Comenzaron con cortes de seis horas durante la noche, que fueron aumentando de forma progresiva. Primero pasaron a diez horas al día y luego a 12, unas limitaciones que no se aplicaban inicialmente a los fines de semana, pero que acabaron por ampliarse a todos los días de la semana. A estos cortes se añadieron las restricciones del uso de agua para el riego y limpieza de las calles.

Años más tarde, en el 2000, Sevilla también se vio afectada por una grave sequía que obligó a tomar medidas. Así, comenzaron prohibiendo el uso de agua potable para regar parques jardines, para la limpieza de las calles, para llevar piscinas, estanques y fuentes. Sin embargo, al observar que la situación no mejoraba, las medidas se endurecieron y llegaron las multas para todos lo que no lograran ahorrar un 7,5% de agua.

Multas de hasta 3.000 euros
Estas sanciones económicas también se anunciaron durante el año 2008, cuando Barcelona comunicó que comenzaría a multar a los ciudadanos que malgastaran agua potable. En concreto, las multas podía ir desde los 30 euros, por ejemplo, por lavar el coche con agua potable, a 50 euros por regar jardines de menos de 250 metros, hasta los 750 cuando se tratara un sanción leve, 1.500 por una grave y hasta 3.000 euros cuando tratara de una sanción muy grave.

Durante la sequía del año 2017, el precio de la factura del agua aumentó en muchas de las viviendas españolas como las situadas en Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca, Pamplona, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife y Vitoria. Además, esta falta de agua también impactó en el recibo de la luz que experimentó un incremento en su coste. A ello se sumaron también las limitaciones de uso de agua que llegaron a los cementerios, donde quedó racionada y se llevaron a cabo cortes de suministro.

Los seres humanos no fueron los únicos que sufrieron las consecuencias de la escasez de agua, ya que los ganaderos se vieron obligados a dejar a los animales sin alimentos, provocando muchos casos de desnutrición. Esta situación llevó también a un incremento del precio de muchos alimentos como la leche.

Aunque no es necesario remontarse tantos años, ya que el año pasado muchas comunidades también impusieron limitaciones. Galicia prohibió el uso de agua potable para llenar las piscinas, aunque algunas localidades optaron directamente por cerrarlas. Las duchas de las playas también tenían limitado su consumo, algo que también determinaron en Málaga y Sevilla. En Huelva optaron por restricciones nocturnas. Además, en gran parte del territorio español se prohibió utilizar agua potable para el riego de zonas verdes y jardines, llenado de piscinas y limpieza de calles.

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Opinión

La reina Letizia pide subir el precio del tabaco para reducir su consumo: ¿es barato en España en comparación con otros países?

España está entre los diez países de la UE con más fumadores diarios, con un 19,7%, cuando la media se sitúa en el 18,4%.

La reina Letizia calificó este miércoles el hábito de fumar como “una enfermedad” y propuso aumentar el precio del tabaco como estrategia para reducir su consumo. “Fumar no es un hábito, es una enfermedad, y debemos ayudar a quienes la padecen. El tabaquismo es el primer problema de salud pública”, dijo durante la apertura de la novena Conferencia Europea Tabaco o Salud celebrada en Madrid.

La monarca indicó que se trata de prevención primaria, es decir, de “reducir la incidencia del tabaquismo mediante cambios de los factores de riesgo asociados al desarrollo de esta enfermedad”, e insistió en que el incremento del precio del tabaco reduce el consumo y los costes en enfermedad asociados a su consumo son tres veces mayores que la recaudación tributaria generada por la industria, según informa Efe.

En ese mismo sentido también se ha pronunciado en otras ocasiones la Organización Mundial de la Salud, que ha instado a los países a que incrementen los impuestos del tabaco y suban los precios para así desalentar su consumo al considerar el tabaquismo como una de las mayores amenazas para la salud pública. La OMS estima que un 10% de aumento en el precio del tabaco reduce el consumo en cerca de un 4% en países de ingresos altos y un 5% en los de ingresos medianos y bajos.

Media elevada
De lo que hay duda es que España se sitúa entre los diez países de la Unión Europa con más fumadores diarios. Según los últimos datos disponibles de Eurostat, correspondientes a 2019, se sitúa en el noveno puesto, con un 19,7% de la población que fuma todos los días, cuando la media del bloque está en el 18,4%.

El primer puesto de este ranking lo ocupa Bulgaria (28,7%), seguido de Grecia (23,6%), Letonia (22,1%), Alemania (21,9%), Croacia (21,8%) y Chipre (21,2%), mientras que los países con menos fumadores diarios son Suecia (6,4%), Finlandia (9,9%) y Luxemburgo (10,5%).

Uno de los factores que podría explicar por qué somos uno de los países del bloque donde más se fuma es precisamente el precio, ya que en España comprar una cajetilla cuesta de media 4,53 euros, cuando el precio medio de la UE se sitúa en los 5,27 euros, según datos publicados por el portal Statista.

Comprar tabaco es mucho menos asequible en países como Irlanda, donde una cajetilla cuesta algo más de 13 euros, si bien en Reino Unido o Francia también superan los 10 euros por paquete. Finlandia, con una media de 8,6 euros por cada cajetilla, y Países Bajos, con 7,16 euros, también se sitúan en los primeros puestos de esta lista.

Nuevos precios
De momento quien quiera fumar en España deberá rascarse más el bolsillo este año, ya que los nuevos precios que ha publicado el Boletín Oficial del Estado son algo más elevados que el pasado año. Así, el paquete de Camel cuesta en el estanco 5,2 euros, el de Chesterfield 5, Ducados azul 4,85, Fortuna 5,15 y Gold Coast 4,65. Marcas como Lucky Strike valen 5 euros, Marlboro 5,35, Nobel 5,05 y Winston 4,5.

Cabe destacar que en esa misma conferencia celebrada en Madrid el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón Reyes, recordó que cada 11 minutos mueren una persona en España debido a alguna enfermedad asociada con el tabaquismo, que provoca más de 50.000 fallecimientos al año.

La OMS por su parte estima que el tabaquismo causa más de 8 millones de muertes al año, de las cuales aproximadamente 1,2 millones se deben a la exposición al humo ajeno.

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Opinión

España registra temperaturas veraniegas en abril

La mayor parte de España enfrentaba el jueves temperaturas con “valores propios del verano” que podrían llegar a los 38 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) en el sureño Valle del Guadalquivir, según indicó la agencia meteorológica española.

El Ministerio de Salud estudiaba aplicar el plan de prevención de calor con dos semanas de adelanto para ayudar a las regiones a gestionar los efectos de un clima inusualmente cálido para esta época del año, según indicaron medios españoles.

La Agencia Española de Meteorología, AEMET, dijo que se esperaban temperaturas “excepcionalmente altas para las fechas” debido a la llegada de una masa de aire muy cálido y seco desde el Norte de África.

El pico de calor llegaba antes de un fin de semana feriado, y algunas personas llenaron las playas españolas. Pero no todos los residentes de la capital interior del país, Madrid, tenían la suerte de poder marcharse. Loli Gutiérrez, de 70 años, dijo que le preocupaba cómo sería el verano cuando llegara finalmente.

“Esto es inaguantable ya. Estamos en abril. Si esto es en abril, ¿en junio cómo estamos?”, preguntó.

El año pasado fue el más cálido en España desde que comenzaron los registros en 1961, además del sexto año más seco en el país pese al fenómeno de La Niña, que limitó ligeramente la media de temperaturas globales.

El gobierno español ha solicitado fondos de emergencia de la Unión Europea para ayudar a los agricultores y ganaderos en medio de unas condiciones de sequía extrema que afecta a territorios agrícolas como el Valle del Guadalquivir.

España, que es el mayor exportador del mundo de aceite de oliva, también es un importante productor de fruta y verdura para el mercado europeo. La sequía ya ha disparado los precios del aceite de oliva español a cifras récord.

El 27% del territorio del país está en situación de “emergencia” o “alerta” por sequía, según el Ministerio de Transición Ecológica, y las reservas de agua están al 50% de su capacidad.

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